El Gobierno dice que se anticipó al Supremo en las cláusulas de suelo

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El Gobierno dice que se anticipó al Supremo en las cláusulas de suelo

Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Gobierno se anticipó a la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo al establecer en la Ley sobre protección de deudores hipotecarios un artículo en el que se exige al cliente una “expresión manuscrita” en la que reconoce que “está de acuerdo y ha sido advertido” de los posibles riesgos del contrato hipotecario.

“Cuando el Gobierno planteó el decreto ley sobre protección de deudores hipotecarios, que luego se ha transformado en la Ley 1/2013 de 14 de mayo, se anticipó a la decisión del Supremo”, ha apuntado la ‘número dos’ del Ejecutivo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha indicado que los contratos en los que el cliente tiene que aportar su firma para asegurar que ha sido debidamente informado serán aquellos que afecten a la vivienda, terrenos o edificios construidos o por construir, “cuando se incluyan limitaciones a la variabilidad del tipo de interés del tipo de cláusula suelo y techo en los que el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad a la alta”.

“El propio Gobierno establece la obligatoriedad de que el cliente, a mano en la escritura, confirme que ha sido debidamente informado para que esa cláusula pueda formar parte del contrato”, ha señalado la vicepresidenta, que ha insistido en que si no se cuenta con esta firma, la cláusula no podrá formar parte del contrato.

De este modo, entiende que el Ejecutivo se ha anticipado a la decisión del Supremo y ha indicado que en el momento de redactar la Ley ya era “muy consciente de cómo se habían incluido algunas cláusulas suelo en los contratos hipotecarios”.

Sáenz de Santamaría, que ha manifestado que el Gobierno está estudiando el auto y la sentencia del Alto Tribunal, ha remarcado que aún está abierto el proceso de modificación de la Ley, al ser un anteproyecto. “La intención del Gobierno es proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas que puedan establecerse en la contratación”, ha añadido.

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