S&P: el 94% de los municipios españoles tendría un grado recomendable de inversión

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S&P: el 94% de los municipios españoles tendría un grado recomendable de inversión

Standard & Poor’s (S&P) ha señalado que el 94% de los municipios españoles contaría con un perfil crediticio individual dentro del grado de recomendación de inversión.

S&P realizó esta estimación por primera vez para un total de 7.346 municipios de España, alrededor del 90% de los existentes, de acuerdo a la información pública correspondiente al periodo 2011-2013.

Específicamente, un 75% de los municipios calificaría para un perfil crediticio en la categoría ‘A’ y un 20% con ‘B’, mientras que un 3% estaría en la categoría ‘BB’ y un 2% en la ‘BBB’, estos dos últimos casos estarían por debajo del grado recomendado de inversión.

S&P ha señalado que no existen diferencias importantes en la solvencia municipal por razones de población y explica que las seis grandes ciudades españolas, las cuales superan el medio millón de habitantes, tienen un perfil crediticio dentro del grado inversor.

En cuanto al siguiente escalón de municipios, el 75% de aquellos que cuentan con una población de entre 20.000 y 500.000 habitantes tendría un grado ‘A’, un 3% ‘AA’ y un 19% ‘BBB’, mientras que apenas un 3% quedaría excluido del grado inversor.

Para aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes, el 74% tendría un grado inversor ‘A’, el 21% ‘BBB’, y por último el 5% quedaría fuera del grado inversor.

Sin embargo, S&P considera existen diferencias marcadas en la distribución de los perfiles crediticios individuales en función de las comunidades autónomas a las cuales pertenecen, con niveles menos elevados en Andalucía, Murcia, Extremadura, Valencia y Castilla La Mancha.

El perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) no es igual al rating, sino que se refiere específicamente a una medida de la calidad de crédito característico que indica únicamente el perfil de crédito individual de la entidad en base al marco institucional en el que opera, y como consecuencia, puede estar por arriba de la calificación del emisor soberano. En el caso específico de España al tomar en cuenta los riesgos asociados al riesgo soberano se iguala con el rating a largo plazo del país.

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