El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) realizó dieciocho emisiones de deuda durante 2012 por un valor cercano a 5.500 millones de euros, en las que obtuvo unos tipos de interés medios del 5,4%, según se aprecia en la auditoría de este instrumento gestionado por la Sociedad Gestora de Fondos de Titulización.
El interés medio de estas titulizaciones fue ligeramente inferior al del 5,62% obtenido en el ejercicio anterior, el primero de actividad del FADE, en el que el fondo realizó emisiones por valor de unos 9.800 millones de euros.
En total, la deuda eléctrica cedida al fondo entre enero de 2011 y el cierre del ejercicio 2012 asciende a 15.273 millones de euros. En el primer año de actividad, las colocaciones alcanzaron puntualmente tipos de interés del 8,11%, mientras que en 2012 no superaron el 6,91% y, en el mejor de los casos, se situaron en el 3,66%.
Esta deuda colocada en los mercados procede del déficit de tarifa, que consiste en el desequilibrio existente en el sistema eléctrico como consecuencia de que los costes reconocidos son superiores a los ingresos.
El déficit de tarifa de 2012, que en principio no debería haber superado los 1.500 millones de euros, alcanzó el récord anual de 5.609 millones y, en términos acumulados, asciende ya a 35.596 millones.
Hasta la creación del FADE a finales de 2010 y el inicio de las colocaciones en los mercados, las cinco grandes eléctricas habían financiado prácticamente en su totalidad y a tipos de Euríbor más un pequeño diferencial esta deuda de los consumidores con el sistema eléctrico.
En la auditoría del fondo se aprecia que en el momento de su creación el programa de emisiones tenía un saldo vivo máximo de 13.500 millones, ampliable a 25.000 millones.
Además, estos bonos están avalados por el Estado hasta un importe máximo de 22.000 millones de euros, y cuentan también con el refuerzo de una línea de crédito por valor actualmente de 2.000 millones de euros.
El propio mecanismo de gestación del FADE recoge la posibilidad de ampliar aún más este importe máximo de avales del Estado, para lo que sería necesario incluir primero la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, posteriormente, en una orden ministerial.