El Gobierno portugués trata de reducir más gastos, para conseguir un ahorro adicional de 1.300 millones de euros ante la inminente reunión del Ecofin y la próxima visita de la troika al país luso.
El veto del Tribunal Constitucional a varias medidas de austeridad ha sembrado de dudas la ampliación de los plazos de devolución de los fondos del rescate, de 78.000 millones de euros, que deciden los ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) este viernes día 12 y el sábado 13 en Dublín, y que Lisboa daba por hecha.
Además, los técnicos de la troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y el Banco Central Europeo, que concedieron y vigilan el programa de ayuda, harán una evaluación extraordinaria del cumplimiento de sus compromisos en las próximas semanas, según fuentes oficiales.
De ella depende que el país reciba un tramo de la ayuda internacional -2.000 millones de euros- que de momento está bloqueado.
El Gobierno portugués ya anunció que cubrirá con recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas los 1.300 millones que le costarán las pagas de funcionarios y pensionistas, y los subsidios de desempleo y enfermedad cuyo recorte fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal luso.
Pero tiene pocos días para hacer una lista que resulte convincente ante los socios y organismos europeos, cuya reacción al dictamen del Constitucional luso ha sido peor que la mostrada en los mercados financieros.
La sentencia, hecha pública el pasado viernes día 5, tuvo una mínima repercusión el lunes 8 en los intereses de la deuda lusa, pese a la tormenta política que vivió Portugal el pasado fin de semana.
Sin embargo, las declaraciones de autoridades y portavoces europeos no dejaron de recordar al país rescatado, con toda claridad, que del cumplimiento de sus compromisos depende tanto la mejora de los vencimientos del préstamo como la entrega de sus próximos tramos.
El inmediato anuncio del primer ministro Pedro Passos Coelho de que hará más recortes para compensar el veto judicial sin mencionar la posibilidad de pedir algo de clemencia a sus acreedores, no pareció suficiente para la UE.
En cambio, el que sacara a relucir por primera vez la posibilidad de un “segundo rescate” -aunque para asegurar que hará lo posible por evitarlo- impresionó poco a los mercados, en otras ocasiones muy asustadizos ante las noticias de Portugal.
En el plano nacional la decisión del primer ministro Pedro Passos Coelho de aplicar más recortes sociales y responsabilizar al Constitucional de los riesgos financieros que amenazan al país le mantiene en la diana de la oposición y los sindicatos.
La mayor central del país, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) exhortó a los portugueses, por primera vez en las siete visitas que ha hecho la troika, a salir a las calles cuando lleguen sus técnicos para mostrar el descontento de la población.
Por su parte, Antonio José Seguro, secretario general del Partido Socialista (PS), el principal de la oposición, presentó también una serie de medidas para que el país salga de la crisis. Asimismo, solicitó de nuevo la renegociación del rescate, y criticó al Gobierno por culpar al Constitucional de sus errores, y pedir más sacrificios en vez de lograr mejores condiciones de la UE.