La Comisión Europea (CE) ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca, con el fin de que computen como capital de máxima calidad, constituyen ayudas públicas ilegales.
Esta investigación iniciada por Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también han recurrido a este tipo de medidas.
«La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no», ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa.
Por su parte, la portavoz de Competencia, Lucía Caudet, «podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia».
Algunos de los países afectados ya han contestado y el Ejecutivo comunitario está analizando las respuestas. «No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo. En esta fase no tenemos ninguna opinión de si hay ayudas públicas o no», ha resaltado el portavoz.
A finales de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales, que al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. De esta manera se completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.
En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la CE avaló públicamente la reforma por considerar que «es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español y es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública».