El Pleno del Congreso decide hoy martes si solicita al Gobierno una normativa más estricta respecto a las retribuciones de los directivos de las grandes empresas, sobre todo en el caso de los ‘bonus’.
Asimismo, estudiará la propuesta del PSOE para que los ejecutivos de las entidades financieras intervenidas devuelvan aquellas cantidades extraordinarias que cobraron en los últimos cinco años.
El exministro de Trabajo y vicepresidente de la Comisión parlamentaria de Economía, Jesús Caldera, que será el encargado de defender esta proposición no de ley, cree que las retribuciones que cobran los miembros de consejos de administración de las empresas cotizadas «inducen a prácticas de riesgo que alimentan la crisis y las prácticas especulativas».
«Normalmente, estas retribuciones excepcionales se reciben por aumentos de valor a corto plazo que son un riesgo para la economía real. Y cada vez hay más consenso internacional en una regulación que limite esas retribuciones. Hay que desincentivar los blindajes y salarios diferidos abusivos, en forma de stock options, pluses, bonos y planes de pensiones, así como una mayor fiscalidad por esas prácticas e impedir a las empresas considerar como gasto deducible esas indemnizaciones», argumenta Caldera.
Por ello, en su propuesta reclaman «alinear» los riesgos y la calidad de decisiones de los directivos de grandes empresas de cualquier sector, y sugiere medidas concretas como eliminar los bonus garantizados independientemente de los resultados que consigan.
También proponen modificar el Impuesto de Sociedades para que los gastos de personal «sólo sean deducibles hasta el límite salarial máximo que se establezca» o condicionar «obligatoriamente» las retribuciones de altos directivos y miembros de los consejos de administración a las decisiones adoptadas en la Junta de Accionistas «con la participación de los minoritarios».
Asimismo, se sugiere ligar los complementos de los directivos a la mejora del valor de las acciones a medio y largo plazo, y no a corto como hasta ahora; y prohibir tanto las retribuciones extraordinarias mientras no haya beneficios como los bonus garantizados independientemente de los resultados de la compañía.
Con respecto a las retribuciones variables, piden que no puedan superar las fijas, tal y como ya ha solicitado el Parlamento Europeo; así como desincentivar el peso excesivo de las ‘stock options’ en la remuneración, eliminando su consideración de retribución en especie y asimilándolas al salario para que coticen en la Seguridad Social a un tipo del 28%.
El PSOE propone asimismo introducir incentivos para aumentar la correlación entre beneficio individual y colectivo «haciendo depender los ‘ratings’ de la posición de las entidades financieras de nuevos rankings de inversión ética y socialmente responsable».
La propuesta socialista incluye también referencias a la necesidad de desincentivar los blindajes empresariales «desorbitados» condicionando estas retribuciones a la consecución de unos objetivos establecidos o al crecimiento real –y no sólo bursátil– de la empresa; y no contabilizar las indemnizaciones por despido como gastos deducibles.
También se recomienda gravar con un tipo adicional las cantidades percibidas por blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias de los miembros de los consejos de administración y altos directivos, así como obligar a que todas estas cantidades coticen a la Seguridad Social con los tipos establecidos.
Con respecto al caso concreto de los directivos y miembros de los consejos de administración de entidades financieras que han recibido ayudas públicas, el PSOE pedirá que devuelvan las retribuciones extraordinarias –blindajes, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias– cobradas durante los últimos cinco años en el momento de abandonar la entidad.
Además, pide limitar la retribución de los administradores y directivos en entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a los salarios máximos regulados por los Presupuestos para funcionarios y autoridades públicas; así como «extender sin límite temporal» la no percepción de retribuciones variables y beneficios discrecionales de pensiones a los administradores y directivos de todas las entidades con apoyo financiero público.
El Congreso aprobó el 12 de junio de 2012 una iniciativa de CiU, por la que se solicitaba al Gobierno la revisión de los blindajes de los directivos de aquellas entidades bancarias que hubiesen recibido ayudas del FROB. Asimismo, el decreto de reforma financiera que se aprobó en el verano de 2012 ponía en 500.000 euros anuales el tope máximo de las retribuciones para los directivos de las entidades bancarias que hubiesen sido nacionalizadas.