La Comisión Permanente de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales ha aprobado llevar a cabo la venta de 15.135 inmuebles propiedad del Estado, en 2013, 2014 y 2015.
El programa recoge los inmuebles que se pretende poner en el mercado, entre los que se encuentran diversos activos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (Giese), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Tesorería General de la Seguridad Social y las sociedades del grupo SEPI Correos y Sepides.
Dentro de esa cifra global, destacan las previsiones de venta del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con 8.170 inmuebles, si bien 6.906 son viviendas que deben enajenarse cumpliendo la normativa vigente, que prevé que aunque éstas tengan la condición de enajenables, deben ser ofertadas, en primer término, al colectivo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, destaca la Dirección General del Patrimonio del Estado, con 5.107 inmuebles de los que 4.681 son fincas rústicas.
Además, se incluyen inmuebles de distintas categorías, las principales: inmuebles rústicos (4.832), oficinas (126), solares (382), viviendas (1.869, más las 6.906 del Ministerio de Defensa), edificios de viviendas (61) locales comerciales (805), edificios industriales (19), garajes (16) o edificios singulares (98).
Dentro de las operaciones de venta previstas, destaca la enajenación de la ‘Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen’, situada Madrid, y la venta de la antigua sede de la CNMV (Castellana,19) y de un edificio de RTVE (Paseo de la Habana,75) también en Madrid.
Los inmuebles que, como algunas viviendas o locales comerciales, se encuentran actualmente arrendados, se intentarán vender de forma preferente a los actuales inquilinos.
No obstante, el programa de venta de inmuebles tiene carácter abierto, por lo que puede modificarse en el futuro, bien por ampliación con nuevas fincas o por reducción si algunos de los inmuebles terminan siendo reutilizados por el Estado.