Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de Portugal, ha vetado un decreto aprobado por el Gobierno luso, que obligaba a los bancos a comunicar a la Autoridad Tributaria del país la información de todas las cuentas con un saldo superior a los 50.000 euros.
Rebelo de Sousa ha considerado injustificado este acceso automático a la información, toda vez que no es necesario que exista ningún indicio delictivo. «El cambio legal no estuvo precedido del indispensable y profundo debate público», ha explicado el presidente, a través de un comunicado en el que también ha cuestionado el encaje de la ley en el marco europeo.
Rebelo de Sousa ha advertido, además, que la nueva normativa llega en un momento «políticamente inoportuno». En este sentido, ha apelado a la necesidad de trabajar en aras de la consolidación del sector bancario y de la recuperación de la confianza inversora.
Con este veto, el jefe de Estado de Portugal rompe su hasta ahora coexistencia pacífica con el Gobierno, liderado por el socialista António Costa. Los dos vetos anteriores del presidente fueron dirigidos contra leyes aprobadas por la Asamblea.
Hace algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que los riesgos económicos que afronta Portugal pueden generar un efecto de «espiral negativa» y consideró que no logrará cumplir la meta de déficit sin medidas de ajuste adicionales.
El organismo precisa que, si Portugal no resuelve sus debilidades, podría entrar «en una trayectoria en el medio plazo insostenible y dejar al país vulnerable a choques».
«Pequeños choques en el sistema bancario, las finanzas públicas o el escenario macroeconómico pueden conducir a la pérdida de acceso a los mercados», señaló el organismo, que considera que los problemas surgidos en una de esas tres áreas pueden contagiar a las otras y generar un efecto de «espiral negativa».