IU-ICV ha introducido en el Congreso una propuesta de ley para una reforma fiscal que plantea la derogación la subida del IVA, el mantenimiento del gravamen complementario del IRPF, la creación de nuevos impuestos y la aplicación de un impuesto sobre Depósitos Bancarios.
Para Alberto Garzón, portavoz del partido, la idea nace de la premisa que el problema presupuestario español es de ingreso, y no de gasto público.
Una de las propuestas es el mantenimiento de forma indefinida el gravamen aprobado en 2011 y que se prevé que se anulará en 2015. Consideran desproporcionales las magnitudes del rendimiento neto en estimación objetiva, por lo que plantean reformar el método. IU-ICV propone eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta.
En cuanto al IVA consideran que se debe eliminar el aumento aplicado desde el 1 de septiembre de 2012.
En impuestos, plantean la creación de un Impuesto sobre Bienes Suntuorios para productos y servicios de lujo; un Impuesto sobre la Riqueza gestionado por el Estado y recaudado parcialmente por las comunidades autónomas; y un Impuesto sobre las Transacciones Financieras que sea sustituido por un gravamen europeo una vez sea acordado.
Para la lucha contra el fraude plantean 4 opciones. Primero la redacción periódica de un informe sobre la economía sumergida y el fraude fiscal, desagregado por sectores, tributos y territorios con el fin de que pueda ser debatido en las Cortes Generales y en los parlamentos autónomos. En segundo lugar, la colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y sus homólogas autonómicas y locales, para incentivar la creación de una Base de Datos Fiscales Únicas. Como tercer punto, la creación de un proyecto de ley para incentivar los cuerpos de Auditoría y Contabilidad, de Gestión Catastral y Técnico de Hacienda en un único organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, para potenciar la creación de una Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que tenga mayores responsabilidades. Finalmente, se pide que el Ejecutivo impulse el acuerdo con OCDE para que los estados miembros puedan obtener información mercantil o tributaria de las personas o empresas que operen en paraísos fiscales, y aplicar la misma normativa para las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito y débito que operan en España.