Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, se han reunido con Juan Rosell, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), y Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), con la finalidad de colaborar en el desarrollo de programas específicos de inserción laboral para personas vulnerables.
Durante la convocatoria, el Gobierno y las organizaciones empresariales se han comprometido a poner en marcha actuaciones cuyos resultados redunden en facilitar el acceso de los más vulnerables al mercado de trabajo por la vía de la contratación o el emprendimiento, incluidos en este colectivo los beneficiarios de protección internacional.
Ambas partes coinciden, según Empleo, en que las empresas tienen un papel muy relevante en el tejido social y en que su desarrollo está vinculado al del estado de bienestar de la sociedad a través de la generación de empleo y de riqueza.
Asimismo, se ha valorado la inserción laboral como factor esencial en el fomento de la autonomía individual de las personas en general, y de las más vulnerables en especial, que supone un paso fundamental para eludir su exclusión social.
Las personas con discapacidad, los parados de larga duración, las personas con poca cualificación, los inmigrantes y los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, son algunos de los colectivos que se enfrentan a ese riesgo de exclusión social.