Puerto Rico tiene que subir los impuestos, poner a la venta activos públicos y recortar gastos en educación para evitar la suspensión de pagos, según la recomendación de Centennial Group, en representación de los fondos de inversión.
Sin embargo, el Gobierno de la isla ha afirmado que no despedirá funcionarios ni aumentará las tributaciones.
La prensa local difundió un informe de la consultora en el que se establece que el problema de la isla es el déficit y no la deuda, que asciende a los 72.000 millones de dólares. Las medidas que propone buscarían obtener un superávit fiscal que permita pagar a los acreedores.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos que declaró la deuda “impagable”, según el gobernador Alejandro García Padilla.
El informe de Centennial Group fue encargado por fondos tenedores de bonos puertorriqueños por valor de 5.200 millones de dólares. Centennial también es la voz de grupos de inversión enfrentados a Argentina por su reestructuración de deuda.
La forma de conseguir el superávit fiscal, según Centennial Group es aplicando un aumento de los impuestos estatales al consumo, a la renta, inmobiliario y reducir las deducciones a empresas, así como elevar el índice de recaudación de impuestos entre los puertorriqueños.
La consultora plantea el despido de profesores, una reducción del subsidio a la Universidad de Puerto Rico y recortar Medicaid, el programa sanitario para los más desfavorecidos, como una manera de reducir gastos.
Centennial Group justifica que el gasto en educación en Puerto Rico aumentó un 39 % en la pasada década, pese a que el número de alumnos se ha reducido en un 25 %, principalmente por el importante éxodo de puertorriqueños en busca de oportunidades en Estados Unidos.
El informe recomienda también vender edificios públicos para ingresar 4.000 millones de dólares e iniciar acuerdos de gestión privada en infraestructuras públicas.
Las recetas propuestas por los acreedores supondrían un aumento de los ingresos de 3.000 millones de dólares anuales para 2020 y de 4.000 millones a 2025, mientras que los recortes de gasto permitirían un ahorro de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales hasta 2025.