El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, han sido acusados por la Audiencia Nacional por cobro irregular de dietas entre otros cargos.
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez considera que existen indicios de delito contra ambos exdirectivos, por el cobro irregular de dietas y la concesión de créditos en condiciones ventajosas a las empresas de la familia de éste último, que causaron un perjuicio a la entidad de 4,91 millones de euros.
En un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, Gómez Bermúdez atribuye a Avilés los delitos de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero y a Abad los dos primeros.
El magistrado sostiene que los imputados diseñaron «una estrategia» para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM recibieran «cuantiosas sumas de dinero» entre los años 2007 y 2011 en forma de «dietas irregulares» que no se correspondían con la realización de «ninguna actividad real». Para ello, crearon la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad ‘Tenedora de Inversiones y Participaciones’, participada por la entidad financiera.
La resolución judicial concreta que, en lugar de abandonar su cargo, Avilés siguió percibiendo unos honorarios que ascendieron a 40.000 euros entre enero y julio de 2011, cuando fue destituido, como presidente de la sociedad creada y de otros 3.336 euros como responsable de la Comisión de Control.
Además, el juez sostiene que en diciembre de 2010 los imputados simularon la venta de acciones de la sociedad ‘La Vereda de Sucina’, dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste, a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
Banco Sabadell, sucesor del Banco CAM, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a ‘La Vereda de Sucina’ fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente «impagados».
Gómez Bermúdez señala en su auto que «la idea de retribuir a los miembros de la comisión de control de la CAM, con unos emolumentos superiores a los que tenían derecho, partió de López Abad». Especifica que fue él quien explicó los pormenores de estos pagos en una reunión de la comisión de retribuciones de la caja y otra del Consejo de Administración celebradas en marzo y diciembre de 2005, respectivamente.
Respecto a Avilés, el juez señala que existen indicios de que elaboró el contrato simulado de venta de acciones de ‘La Vereda de Sucina’. Apunta que el empresario era el propietario real de los títulos, que estaban a nombre de su mujer, y agrega que la compradora, su hermana, siguió sus instrucciones.
El magistrado también acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra el que fuera director general de Inversiones y Riesgo de la CAM Francisco Martínez García, al considerar que en su actuación no se desprenden indicios de delito.
El inicio de las investigaciones estuvo en un informe del Banco de España del 25 de enero de 2012, en el que se indicaba que Juan Ramón Avilés había estado recibiendo dietas irregulares desde 2007 hasta 2011, y que había obtenido «créditos en condiciones ventajosas» para las sociedades mercantiles relacionadas con su familia.