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jueves, marzo 28, 2024
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Exdirectivos de Caja Segovia tendrán que declarar por sus prejubilaciones

 Exdirectivos de Caja Segovia tendrán que declarar por sus prejubilaciones

En base a las diligencias abiertas a raíz de sendas denuncias presentadas por la Fiscalía Provincial de Segovia y UPyD, los exdirectivos de Caja Segovia tendrán que declarar en el juzgado por las millonarias prejubilaciones percibidas o pendientes de cobro, mediante retribuciones o planes de pensiones, y que alcanzarían una cifra  de unos 30 millones de euros.

El tribunal podría estar solo a falta de recibir parte de la documentación solicitada a Bankia, donde se integró Caja Segovia, para llamar a declarar a los integrantes del comité, con sus exdirectores generales, Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez Plaza, a la cabeza.

Tanto la fiscalía como UPyD recurrieron la decisión judicial de archivar sus denuncias al respecto, y la Audiencia Provincial de Segovia les dio la razón y ordenó la reapertura del caso, hace ahora un año. La Audiencia consideraba necesario que los organismos reguladores e inspectores -el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores– den cuenta del estado en que se encontraba la entidad  cuando se aprobaron las jubilaciones de sus altos directivos, si esta  había recibido ayudas públicas, y el nivel medio de esas jubilaciones en entidades financieras similares en naturaleza y tamaño; para esclarecer si los altos directivos de la entidad pudieron incurrir en un delito de administración desleal o apropiación indebida.

En su denuncia UPyD apuntaba que Escribano percibió  por diversos conceptos unos doce millones, mientras que entre el resto de los miembros del comité de dirección se repartieron otros 18 millones. Entre los directivos, el más beneficiado fue –según los denunciantes- el director general adjunto y director algunos meses tras la marcha de Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza.

Este asunto despertó una tremenda ola de indignación en Segovia, donde un millar de personas se manifestaron en octubre de 2012 ante la antigua sede principal de la Caja, para denunciar la desaparición de la entidad y para reclamar que se depuren responsabilidades en el reparto, según los convocantes de la concentración, de 32 millones de euros entre esos directivos.

El consejo de administración de la entidad segoviana, con su presidente Rafael Encinas a la cabeza, pidió a los exdirectivos que devolvieran las cantidades “llamativas y quizás excesivas” de sus prejubilaciones, con el fin de evitar el despido de los 16 empleados que aún tenía la caja, y poder hacer frente a la deuda de unos siete millones de euros que presenta la fundación de Caja Segovia.

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