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viernes, marzo 29, 2024
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Los propietarios de BPA exigen que se frene la intervención de la entidad

Los propietarios de BPA exigen que se frene la intervención de la entidad

El grupo familiar Cierco, y en concreto los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA) hasta su intervención antes del verano, han pedido a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB por sus siglas, y equivalente al FROB español) que paralice el proceso de resolución del banco.

La petición de los dueños se ha trasladado también a la Batllia (el máximo órgano judicial del Principado pirenaico), y se ha avisado al jefe del Ejecutivo de Andorra, Antoni Martí, por las consecuencias que en este caso pueden tener otras medidas adoptadas por el Fincen estadounidense (el organismo del Tesoro americano que realizó el informe que dio pie a la intervención), y un caso análogo relacionado con un banco de Tanzania.

Los antiguos propietarios de BPA también han advertido que iniciarán acciones legales contra la AREB y contra cada uno de los miembros de su consejo de administración. Consideran que son responsables del perjuicio que están cometiendo a los legítimos propietarios de la entidad, al llevar a cabo una actuación arbitraria y sin los fundamentos legales suficientes.

Los Cierco han solicitado que intervenga “para parar el proceso de resolución con la finalidad de evitar el agravamiento de los perjuicios” que se están generando a sus intereses como accionistas.

“La voluntad de nuestros clientes, la familia Cierco, ha sido en todo momento mantener una línea de diálogo con las autoridades para encontrar una salida que permita evitar unos procedimientos contenciosos que serán largos y costosos tanto para los perjudicados como para la administración pública”, indica la comunicación.

Los antiguos propietarios de BPA recuerdan que el centenar de especialistas de PricewaterhouseCoopers que han estado evaluando el estado de salud del banco andorrano en los pasados meses, no han podido detectar ninguna operativa u operación de lavado de dinero, tal y como señaló la Fincen como argumento que dio pie al Gobierno de Martí a intervenir el banco sin finalizar la investigación.

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