Fianza de 25,8 millones a imputados por la CAM

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Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, ha impuesto a los cinco exdirectivos de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) imputados por supuestas irregularidades en su gestión una fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la providencia del juez Bermúdez, titular del Juzgado de Instrucción número 3, fija una fianza al expresidente de la CAM, Modesto Crespo, a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, y a los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.

Los 25,8 millones de euros de fianza impuestos por el juez, que ha dado a los imputados un plazo de 15 días para abonarlos, corresponden a la petición realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es el gestor de la CAM desde su intervención y que también está personado en el caso.

Esta cifra está por encima de los 12 millones de euros que pedía el abogado Diego de Ramón, representante de la plataforma de afectados de la CAM. Esta medida se suma a la decisión de la pasada semana, por la que Gómez Bermúdez retiraba el pasaporte a María Dolores Amorós y Roberto López Abad ante el posible riesgo de fuga, después de haberles tomado declaración.

Todos ellos están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida y todos negaron ante el juez su responsabilidad en la quiebra de la caja.

El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el 22 de julio de 2011 y, tres semanas después, los administradores del FROB expulsaron a la que hasta entonces había sido su directora general.

El abogado Diego de Ramón presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra sus antiguos directivos, que ha sido admitida a trámite y a la que posteriormente se han incorporado la plataforma de afectados por la caja y el propio FROB.

Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.

La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pedirán nuevas diligencias, aunque según indicaron a Efe fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.

Mientras tanto, la plataforma de afectados ha iniciado una investigación propia para demostrar que la CAM contrató a expertos en técnicas de comercialización “muy agresivas” para vender participaciones preferentes y cuotas participativas, según ha explicado un portavoz.

 

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