La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha justificado el despido colectivo de 1.850 empleados en Novagalicia Banco (NCG Banco), la anterior Novacaixagalicia, por ser una medida destinada a lograr que el banco gallego continuase existiendo.
En su sentencia, los magistrados señalan que las medidas puestas en marcha por la entidad financiera están justificadas, dada la crítica situación en la que se encontraba la misma, y entienden que de no haberse tomado, hubieran supuesto su cierre.
Asimismo, la resolución subraya que en el caso de NCG Banco, estando aún pendientes medidas acordadas en el despido colectivo previo, la entidad «había entrado en una espiral de pérdidas crecientes y, además, debía hacer frente a unas condiciones determinadas en orden a conseguir la financiación pública sin la cual no podría seguir operando». «Creemos que la situación justificaba sobradamente la implementación de un nuevo proceso de despido colectivo», añade el tribunal.
En concreto, los resultados antes de impuestos de NCG Banco arrojaron en 2011 unas pérdidas de 121,7 millones de euros y unos números ‘rojos’ de 1.229,9 millones en junio de 2012.
Además, las pérdidas previstas para septiembre del año pasado eran de casi 8.000 millones de euros. Esta situación también se acredita, continúa detallando la sentencia, con la rentabilidad bruta del banco, que había pasado del 7,3% en 2010, al -863% estimado para 2012.
Ante estos datos, los magistrados concluyen que «es imposible negar la existencia de una situación económica negativa justificativa y proporcionada de extinciones contractuales, puesto que la entidad, y el grupo en el que se integra, ha sufrida pérdidas millonarias y desmesuradamente crecientes en los dos últimos ejercicios».
Asimismo, subraya que tanto es así que de no haberse recibido las ayudas públicas derivadas del plan de reestructuración «-lo que exige, lógicamente el cumplimiento de sus condiciones, entre ellas las relativas a extinciones contractuales-, el banco no habría podido seguir operando».
En la sentencia, los magistrados añaden que una vez recibidas las «significativas» ayudas públicas la entidad se encuentra actualmente en una situación más saneada. «Ese era, justamente, el objetivo, cuya consecución en absoluto desmienten las dificultades económicas que dieron lugar a todo este proceso», añade el escrito.
La resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, rechaza los recursos de varios sindicatos que, entre otros argumentos, sostenían que no se produjo una negociación real en el proceso de despido colectivo.
Los magistrados, asimismo, han considerado que el periodo de consultas logró reducir el número de despidos, que inicialmente era de 2.508, hasta los 2.250, aunque finalmente esta cifra quedó en 1.850.