Banco Sabadell, entidad presidida por Josep Oliu, ha pedido diversas garantías de libre competencia de mercado frente a las entidades financieras que acojan ayudas públicas en el marco del respaldo europeo por hasta 100.000 millones de euros para endurecer el capital.
«Nos preocupa el nuevo entorno bancario», dijo Oliu. También aprovecho para reclamar medidas que garanticen el mantenimiento de la competencia bancaria entre entidades que no han recibido respaldo público y las que se beneficiarán del rescate bancario solicitado por España y cuya cuantía aún no se ha especificado a falta de que culminen los trabajos de auditorías y pruebas de esfuerzo independientes encargados por el Gobierno.
El presidente del Sabadell da por hecho que algunas entidades recibirán ayudas públicas después de que las consultoras independientes Oliver Wyman y Roland Berger cifraran en hasta 62.000 millones de euros las necesidades adicionales de la banca española en un escenario macroeconómico adverso con una caída del PIB del 6,5% en tres años.
En este sentido, apuntó a que una de las fórmulas que se barajan es articular dicha ayuda a través de los bonos contingentes convertibles, productos de renta fija conocidos como ‘cocos’ en el argot financiero. «Algunas entidades van a recibir la visita del coco», bromeó el presidente del Sabadell, que participaba en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el euro, su crisis y retos, organizado por la APIE.
A su parecer, el respaldo público no se traducirá, previsiblemente, en la nacionalización de más entidades aparte de las que ya cuentan con una presencia mayoritaria del Estado en su accionariado, están intervenidas o en vías de estarlo: Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia.
En este escenario, Oliu expresó su confianza en las autoridades de Competencia europeas, por considerar que se trata de «la única buena garantía de que las condiciones de competencia se van a mantener dentro de los criterios», y esbozó a la posibilidad de que se establezcan límites a la expansión comercial y tamaño de las entidades con ayudas.
Entre otras diferencias, apuntó a que las entidades nacionalizadas pueden tener que afrontar un calendario para la desinversión de activos inmobiliarios, mientras que las entidades sin ayudas públicas no están sujetas a obligaciones en este sentido. «Los que no hemos recibido ayudas ya decidiremos el día que en vendemos nuestros activos y a qué precios. No es igual caso para las nacionalizadas», alegó.