El Ayuntamiento de Girona ha sancionado a Banco Popular por tener pisos vacíos durante más de dos años.
El pasado mes de enero, el pleno aprobó una moción que preveía multar bancos y grandes empresas con pisos cerrados. Después de meses de gestiones internas, el consistorio ya tiene lista la sanción contra el Banco Popular.
La entidad financiera tiene ocho inmuebles vacíos en un edificio situado en la carretera Barcelona. El consistorio ha decidido sancionar a las entidades con 5.400 euros por cada piso que tengan cerrado. El concejal de Servicios Sociales, Eduardo Berloso, ha explicado que tienen identificados 51 pisos propiedad de cinco bancos y que, tras la sanción al Banco Popular, iniciarán el resto de expedientes.
El Ayuntamiento de Girona -siguiendo el ejemplo de otras ciudades catalanas como Terrassa o Sabadell- aprobó en el pleno de enero una moción donde se comprometía a multar bancos y grandes empresas que tuvieran pisos vacíos y que no les cedían a alquiler social. Según estipula la ley, serán inmuebles que lleven más de dos años que están cerrados. El ayuntamiento tiene dos vías para penalizar bancos y grandes empresas. Por un lado, se empieza requiriendo información a las entidades sobre la relación de pisos que tienen vacíos de manera permanente. Si no existe respuesta, se envía la primera multa coercitiva. El consistorio ha fijado la cuantía de la multa en 5.400 euros por cada piso desocupado. El cálculo se ha realizado en base al precio medio a lo largo de un año del alquiler de un piso en la ciudad (450 euros por 12 meses). El decreto establece que se pueden enviar hasta tres multas coercitivas. Si la entidad no responde, es decir, o bien no paga las multas o bien sigue sin ceder los pisos en alquiler social, se puede iniciar un nuevo procedimiento para sancionar la entidad. En este caso, y según recoge la Ley de la Vivienda, las sanciones pueden llegar a los 900.000 euros.
Según datos del ayuntamiento, en la ciudad de Girona hay 590 viviendas que hace más de dos años que están desocupadas. De éstas, 51 están en manos de bancos, 309 constan como propiedad de otras empresas (la mayoría son inmobiliarias, constructoras o promotoras) y las 230 restantes son propiedad de personas físicas.
El concejal de Servicios Sociales ha confirmado que esta misma semana enviarán la primera multa coercitiva al Banco Popular. Esta entidad no ha respondido ninguno de los requerimientos que el ayuntamiento le ha enviado para tener información sobre su parque de viviendas en la ciudad. Sin embargo, a través de los datos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de revisar la lectura de los contadores y ver que no hay consumos, los técnicos del ayuntamiento han podido saber que, al menos, la entidad tiene ocho pisos cerrados.
Berloso indicó «Actualmente nos han cedido sólo cinco pisos y creemos que esta no es la respuesta que se esperaba, después de la multa al Banco Popular vendrán todos lo demás», reiteró el concejal.