Revisión de las auditorías a la banca nacionalizada

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 Revisión de las auditorías a la banca nacionalizada

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha señalado que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), está revisando las auditorías que se realizaron a la banca nacionalizada, con el objeto de comprobar que no se efectuaron malas prácticas contables.

Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, donde ha explicado a los medios que se trata de “inspecciones técnicas”, que de entrada no tienen por qué suponer un expediente sancionador.

Asimismo, el ministro de Economía ha apuntado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido un protocolo de actuación para la detección del fraude a aquellas entidades en las que tiene participación, que ya está siendo implementado.

Así lo ha expuesto después de que el senador Jesús Enrique Iglesias, de Izquierda Unida, le echara en cara que “la preocupación fundamental del Gobierno ha sido la estabilidad de la banca, a la que se han procurado ingentes recursos públicos, pero ha destacado menos el esfuerzo que a través de la fiscalidad han realizado los ciudadanos”.

El ministro ha recordado que el FROB ha presentado hasta ahora como administrador provisional de estas entidades ocho querellas contra exdirectivos de Banco de Valencia, por operaciones que han causado perjuicios económicos al banco. Cinco de ellas se han admitido a trámite y se ha personado en otros tres procesos iniciados por terceros contra directivos de Novacaixa Galicia, Caixa Penedés y BFA Bankia.

Las cuentas de Banco de Valencia fueron auditadas por Deloitte, que también se encargó de las de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa. La excepción fue la CAM, auditada por KPMG.

Asimismo, De Guindos ha remarcado que el Gobierno ha promovido medidas “determinantes” con el objetivo de proteger los derechos de los ahorradores. En este sentido, ha puesto como ejemplo la limitación de los intereses de demora de los deudores, las limitaciones a las tasadoras, o las nuevas normas de transparencia que deben cumplir las entidades financieras y las sociedades cotizadas.

 

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