El economista José Grasso, director de Softline Consultores, ha estimado que 5 millones de clientes venezolanos de la banca privada podrían estar considerando pasarse a la banca pública, después de que el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública estableciera que “los operadores cambiarios autorizados son los pertenecientes a la banca pública”.
Desde hace algunos años, Venezuela vive un control de cambio que ha establecido, por ejemplo, los requisitos y trámites para la autorización de consumos en divisas con tarjetas de crédito de las personas naturales con ocasión de sus viajes al exterior.
Hasta hace dos semanas, los venezolanos podían solicitar su cupo de divisas tanto en entidades bancarias privadas como públicas. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro ha limitado estas operaciones a la banca pública.
José Grasso ha explicado que existen 11 millones de tarjetas de crédito en Venezuela, que se encuentran en manos de 7 millones de personas, tomando en cuenta que algunos titulares tienen en su poder 2 tarjetas de crédito o más.
Grasso ha comentado que de los 7 millones de clientes con tarjeta, cerca de un millón no pueden usarla en el exterior, y 1,2 millones pertenecen a la banca pública. De esta forma, un universo aproximado de 4,8 millones de personas que poseen tarjetas de créditos de bancos privados son candidatos para cambiar de operador cambiario, con el propósito de obtener los dólares preferenciales para viajes establecidos por el gobierno venezolano, sin embargo considera que no todos los usuarios van a querer cambiarse a la banca pública.
Mientras tanto, el economista César Aristimuño, coincide en que “no todo el mundo va a cambiar de operador, en el caso de que así ocurriera estamos hablando de unos 2,5 millones de personas” que poseen tarjetas de crédito.
Aristimuño ha explicado que un tercio del sistema financiero venezolano se encuentra en poder del Estado, y algunas de las instituciones financieras públicas que podrían captar a estos usuarios son: Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de la Fuerza Armada Nacional y el Banco Industrial de Venezuela.
Por otra parte, el director de Datanálisis, Luis Vicente León, considera que esta medida restrictiva responde a que el Gobierno de Venezuela no tiene suficientes recursos para hacer frente a sus compromisos en dólares, y recurre a “mecanismos como éste” para ganar un poco de tiempo, y tratar de reorganizar su política económica en busca de otras soluciones.