Tras la admisión de un juez de la Audiencia Nacional de una denuncia contra varios miembros de la Familia Botín, entre los que se encuentran Emilio Botín y Ana Patricia Botín por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, esta familia ha aclarado que realizó una regularización voluntaria y completa en 2010 de todas sus obligaciones fiscales y espera que este asunto se resuelva satisfactoriamente.
Los hechos se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
La familia Botín tomó la iniciativa y decidió, de forma voluntaria, proceder a declarar e ingresar todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas –con origen en la guerra civil, cuando la familia Botín puso a salvo parte de su patrimonio en Suiza-, pagando 200 millones de euros.
El ingreso fue totalmente voluntario habida cuenta de que, ni el actual Presidente Emilio Botín, Sanz de Sautuola y García de los Ríos, ni Jaime Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos eran titulares de cuentas de HSBC, ni han recibido requerimiento alguno de regularización por parte de la AEAT.
En España, de acuerdo con el artículo 305 del Código Penal, no incurren en responsabilidad penal los contribuyentes que de forma voluntaria y sin mediar notificación expresa de actuaciones de comprobación regularicen una situación tributaria.
La familia ha facilitado desde julio de 2010 a la Administración Tributaria toda la información y documentación necesaria para comprobar la regularidad de las liquidaciones efectuadas.
Por tanto, los miembros de la familia Botín están al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias. El pago voluntario efectuado sin mediar requerimiento de la Administración Tributaria determina la aplicación necesaria y automática del artículo 305 del Código Penal y la consiguiente inexistencia de responsabilidad.
En diciembre de 1936, y ante la grave situación creada por la intervención del banco, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López (Emilio Botín II), decidió ausentarse temporalmente de España. Su marcha provocó que en febrero de 1937 fuera destituido de su cargo. Durante su estancia en el extranjero vivió en Londres y Basilea y no volvería a Santander hasta finales de agosto de 1937, donde retomó sus funciones.
Fue en ese contexto cuando Emilio Botín II -padre de Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, actual presidente del Banco Santander- situó una parte del patrimonio familiar fuera de España para protegerlo, constituyendo una Fundación de derecho inglés en Suiza.