La familia Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), han presentado una reclamación por responsabilidad administrativa contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (Inaf), exigiendo la cantidad de 365 millones de euros por daños y perjuicios.
Los demandantes han informado las acciones en un comunicado, tras las evaluaciones de expertos independientes los cuales han valorado el Grupo BPA en casi 500 millones de euros. Los demandantes, titulares del 75% de las acciones, han reclamado 365 millones de euros, alegando «enormes daños por las negligencias, omisiones y actuaciones» de la administración andorrana en la gestión del ‘caso BPA‘.
La familia Cierco ha asegurado que «la negligencia, abandono e inoperancia de la administración andorrana han ocasionado sustanciosas pérdidas económicas y quebranto en los activos del grupo bancario».
A juicio de los accionistas mayoritarios, existe una relación directa entre la actuación de la administración andorrana y «el daño patrimonial y sin punto de retorno ocasionado por el plan de resolución propuesto que supone, ‘de facto’, la liquidación de BPA».
La familia Cierco ha presentado la reclamación administrativa, paso previo a la demanda judicial, y ha señalado que la podría ampliar a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), «si procede, por la acción expropiadora realizada con menosprecio de los derechos de propiedad legítima preexistentes».