El Gobierno y el Banco de España defienden a Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, asegurando que no tendrán que ser liquidadas, como sugirió el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
Eso sí, entre las tres, más Bankia, consumirán cerca del 70% de la ayuda de unos 60.000 millones de euros que concederá Bruselas a España para sanear el mapa financiero del país. Empezando, precisamente, por sanear estas entidades, fuertemente expuestas al ladrillo y con unas pérdidas conjuntas en 2011 de más de 2.400 millones, y resolver su futuro, enquistado desde hace tiempo.
Novagalicia Banco, presidido por José María Castellano, es fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Fue nacionalizado en septiembre de 2011 ante la imposibilidad de conseguir los 2.851 millones de euros de capital extra que le requería el decreto de recapitalización de febrero de 2011. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le inyectó 2.465 millones de euros en participaciones preferentes, que se sumaron a los 1.162 que ya había recibido para sufragar su integración. Todavía no los ha devuelto; tampoco los inversores privados han recomprado esos títulos del FROB.
El «plan Guindos», a través de sus dos decretos, exige a Novagalicia realizar saneamientos por un total de 3.449 millones de euros, lo que según la propia entidad tendrá un fuerte impacto sobre la cuenta de resultados. La entidad ya desveló en 2011 unas pérdidas de 168,7 millones tras hacer provisiones por 2.050 debido a su exposición al ladrillo.
La entidad acumula 7.572 millones de euros en créditos morosos, en riesgo de impago y fallidos al sector de la promoción y contrucción inmobiliaria, el 72% de esa cartera. Además, suma 609 millones de euros en créditos hipotecarios en situación de impago, el 2,96%. Y 3.169 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados.
Aunque ya no renuncia a recibir más dinero público, el equipo directivo de Novagalicia Banco insiste al mismo tiempo en su promesa de atraer inversores privados que ayuden a recapitalizar la entidad. Pero al ministro de Economía, Luis de Guindos, se le ha agotado la paciencia: no está dispuesto a dar más tiempo a la vieja caja gallega, aunque mantiene, por ahora, el plazo que se le dio, hasta el próximo mes de septiembre, para culminar ese proceso de recapitalización. Hasta la fecha, solo empresarios gallegos han inyectado 70 millones de euros en la entidad, frente a los 1.000 millones que prometió el presidente del banco, José María Castellano, a su llegada a la entidad. Cifra que luego rebajó hasta unos 500 millones, ante las evidentes dificultades para lograr ese capital.
CatalunyaCaixa, presidida por Adolf Todó, admite la imposibilidad de seguir en solitario, ya que acumula 2.968 millones de euros en ayudas públicas y ya aceptó ser subastada por el Banco de España. La entidad, fruto de la fusión de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa, asegura que ese proceso sigue adelante, a pesar de que ya ha sido retrasado 15 días, hasta el próximo 27 de junio, cuando las seis entidades en un principio interesadas en hacerse con ella —Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Kutxabank y JC Flowers— deben presentar sus ofertas vinculantes.
El principal escollo es que, según el sector, los saneamientos exigidos por el Gobierno en la reforma financiera habrían mermado ese interés. CatalunyaCaixa, que cerró 2011 con unas pérdidas de 1.335 millones de euros, debe realizar provisiones por 5.900 millones, que aumentarían aún más en caso de aprobarse un tercer «plan Guindos», como todo indica que sucederá.
Por ello, y aunque ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España han confirmado su paralización, el sector da por hecho que su puja se suspenderá y será el Estado, a través de las ayudas concedidas por Bruselas, quien se haga cargo de la entidad.
Banco de Valencia, presidido por Aurelio izquierdo, afronta una situación similar, también en proceso de venta. Su adjudicación debía estar ya cerrada, pero la puja lleva varias semanas en «standby». Hasta ahora, solo una entidad, BMN, había expresado abiertamente su interés en comprar este banco.
La situación financiera y patrimonial de la entidad es lo que habría echado para atrás a otros posibles pujadores. Además, su escaso tamaño y su elevada exposición a un territorio, el Levante, hipotecado en el negocio del ladrillo, le restan atractivo. Banco de Valencia perdió 901 millones de euros durante el pasado año.
Cuando fue intervenido, en noviembre de 2011, el Estado le inyectó 1.000 millones para reforzar sus niveles de capital y le concedió una línea de crédito de otros 2.000 para garantizar su liquidez. Ahora todo indica que tendrá que ser rescatada de nuevo con el dinero del fondo europeo para mantenerlo en pie.