El presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, preside este lunes su primera junta ordinaria de accionistas, en la que se someterá a votación las cuentas del ejercicio 2016, que arrojaron unas pérdidas de 3.485 millones de euros, y que la entidad deberá reexpresar para corregir algunas deficiencias tras realizar una auditoría interna.
En concreto, el auditor observa «insuficiencia» en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones de euros.
A ello se suma una «posible insuficiencia» de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que Banco Popular se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.
Asimismo, ha detectado la «posible obligación» de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones.
También apunta a determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable
La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros.
Fuentes del mercado explican que en la reexpresión de las cuentas de Banco Popular del pasado ejercicio, que se incluirá en los estados financieros del primer semestre de este año, la entidad cargará 129 millones de euros contra resultados.
A ello habría que sumar 160 millones de euros contra patrimonio, y los posibles 145 millones derivados de la revisión de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, que también se cargarían contra patrimonio.