HSBC ha advertido que el impuesto a la banca de Reino Unido le impedirá subir el pago de dividendos, motivo de gran preocupación entre los inversores.
El mayor banco de Europa ordenó una revisión para determinar si debería trasladar sus oficinas debido al costo de las operaciones en Londres, y dijo que tomaría la decisión dentro de unos meses. El prestamista evalúa mudar su sede de Londres a Hong Kong.
Este anuncio de la revisión ha sido un revés para la reputación de Londres como un centro de finanzas global, y se ha convertido en un tema político antes de las ajustadas elecciones generales de Reino Unido que se celebrarán el jueves.
Stuart Gulliver, presidente ejecutivo de HSBC, dijo que el proceso no buscaba ser una amenaza para el primer ministro David Cameron o para su principal rival, el líder laborista Ed Miliband, sino que ocurría después de una «presión significativa de los accionistas”.
Gulliver sostuvo que el impuesto bancario, implementado por Cameron en 2010 y que ya ha experimentado ocho alzas, es de gran preocupación para los inversores.
«Esto es lo que finalmente hará imposible para nosotros mantener nuestro compromiso de hacer que los dividendos avancen», indicó.
HSBC pagará cerca de 1.500 millones de dólares (unos 1.322,2 millones de euros) del impuesto bancario este año, o casi 7% de la proyección de sus utilidades antes de impuestos, por encima de los 1.100 millones de dólares (unos 969,9 millones de euros) desembolsados en 2014.
Esta suma podría empinarse sobre los 2.000 millones de dólares (unos 1.763 millones de euros) si Miliband gana las elecciones el 7 de mayo, puesto que el Partido Laborista ha anunciado que incrementará el tributo en 800 millones de libras (1.057,8 millones de euros) al año.
Esta semana, HSBC anunció que las utilidades antes de impuestos en el primer trimestre fueron mayores de lo esperado, al subir 4% respecto del año anterior a 7.100 millones de dólares (unos 6.258,9 millones de euros), después de que los ingresos del banco de inversión repuntaran para compensar por la creciente alza de los costos de regulación y cumplimiento de normas.