El Banco Pastor ofrecerá hasta 215 nuevas prejubilaciones, que se suman a las 130 planteadas ya, para trabajadores de los servicios centrales de A Coruña, serán entre 60 y 65 en este departamento, y de la red de oficinas dentro de Galicia, entre 100 y 150.
Así lo han indicado representantes sindicales tras una reunión con las direcciones de Banco Popular y Banco Pastor, en la que han firmado, además, el documento de garantías para el empleo, dentro del acuerdo de fusión de las entidades.
Este texto, que tendrá una vigencia de tres años, ha sido suscrito por el 90,10% de la representación sindical y han rechazado dar su respaldo la CIG, mayoritario en la plantilla del Pastor en Galicia, ELA y LAB, al entender que en realidad «no se garantiza el empleo»o que no habrá medidas traumáticas.
Las prejubilaciones, que se empezarán a proponer de manera inmediata e individualmente, tienen condiciones similares a las ya propuestas. En los servicios centrales, se dirigen a empleados que hayan cumplido o cumplan este año los 56 años, mientras que en la red de oficinas están pensadas para personal por debajo de los 60 años.
El representante de UGT por parte del Banco Pastor en la reunión, Guillermo Robles, ha explicado que los responsables de la entidad plantearán cada prejubilación de forma individual y dependiendo de la zona geográfica o el tipo de puesto desempeñado. En las ya planteadas, ha apuntado, los trabajadores conservan entre el 80% y el 90% del salario.
La fecha que se fija el banco para tener las prejubilaciones ejecutadas es el 30 de septiembre, aunque puede ampliarse el plazo hasta el 31 de diciembre, en función de cómo se desarrolle el proceso.
Por su parte, la responsable de la sección sindical de la CIG en el Pastor, Gladis Afonso, ha criticado que la dirección no desvele los criterios en los que se basa para hacer cada propuesta de prejubilación. A su juicio, las reducciones de salario son «importantes» y ha censurado también la obligatoriedad de acogerse a la jubilación anticipada a los 63 años.
Guillermo Robles ha explicado que el documento base para el protocolo de fusión firmado este lunes -había quedado ultimado en la anterior reunión- recoge el compromiso de no aplicar los artículos 51 y 52 y el 40 del Estatuto de los Trabajadores -referidos los primeros a la aplicación de expedientes de regulación de empleo y el último a los traslados forzosos-.»La empresa ha aceptado no aplicarlos, siempre y cuando haya una línea de buscar acuerdos», ha indicado el representante de UGT.
Precisamente, los sindicatos que no han firmado interpretan que estos condicionantes llevan a que no esté garantizado el empleo. La representante de la CIG ha indicado que se condiciona la aplicación o no de los artículos sobre ERE a la propia reestructuración que derive de la unión de las dos entidades. En el caso de los trasladados forzosos, ha dicho, lo hacen depender de que se produzca un acuerdo. Si no lo hay, sí se aplicará el artículo 40, ha señalado.
«No quedaba nada claro que -el documento- no diese pie a una interpretación parcial de la empresa para aplicar reducciones de plantilla«, ha señalado Gladis Afonso para justificar el no haber firmado este texto.
En cualquier caso, ha destacado que continúan en las negociaciones, que aún deben abordar aspectos más concretos, como los referidos a traslados y reubicaciones o cierres de oficinas.