La Audiencia Nacional imputa a consejeros de Bankia

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La Audiencia Nacional imputa a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia y Ángel Acebes, consejero de la entidad y exministro del Interior y a otros 30 consejeros de la caja nacionalizada -según informa Cristina Ónega-.

El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la Fiscalía Anticorrupción contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia y les ha citado a declarar como imputados.

Entre los imputados se encuentra el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. En la querella de UPD se acusa a los imputados de los delitos de estafa y apropiación indebida cuando Bankia salió a Bolsa. También están imputados por los delitos de falsificación de las cuentas anuales, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Además, UPyD había solicitado como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.

 

Todavía no hay fecha para tomar declaración a los 33 imputados. El juez ha señalado que se hará en otra resolución.

La reacción en el seno del Gobierno no se ha hecho esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha querido decir “de todo corazón” que lamentaba “enormemente” la imputación porque quiere “bien” a Rodrigo Rato. El PSOE, por su parte, se limita a decir que respeta la decisión judicial.

Andreu advierte que la quiebra de la entidad “podría desestabilizar todo el sistema finaciero del país”. “La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento”, dice el juez.

“El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo ascendería, por tanto, a la suma de 23.465  millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjucio para la economía nacional”, agrega el magistrado tras referirse a la  inyección de 4.465 millones de euros realizada por el FROB y que “se convertirá en acciones de Bankia al no poder ser devueltos”.

En cuanto a la competencia para instruir la causa Andreu detalla que la Audiencia Nacional se  ocupa de “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de  las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión” y destaca que los hechos “encajan plenamente en el concepto material de defraudación”.

 

 

En : Bancos

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